Contraloría General Intensifica Fiscalización: Siete Denuncias Penales por Presuntos Delitos
La Contraloría General de la República ha presentado un total de siete denuncias penales ante el Ministerio Público (MP), resultado de exhaustivos informes de auditoría que revelaron hallazgos susceptibles de investigación criminal. Esta acción subraya el compromiso de la entidad con la transparencia y la rendición de cuentas, en el marco de su deber legal de remitir a las autoridades competentes aquellos casos con indicios de ilícitos.
Los expedientes corresponden a revisiones realizadas entre los años 2025 y 2026, abarcando una diversidad de entidades públicas, empresas privadas y personas naturales. Esta serie de denuncias se inscribe dentro de una campaña de fiscalización más amplia, coordinada con el Tribunal de Cuentas, que ya ha derivado en medidas precautorias y secuestros de bienes por un valor superior a los $18 millones.
Casos Emblemáticos Bajo Investigación Criminal
Las denuncias interpuestas por la Contraloría señalan a actores clave en el ámbito público y empresarial, detallando la naturaleza de las auditorías que originaron estas acciones legales.
Irregularidades en el Idaan y la Construcción
Uno de los casos relevantes concierne al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). La auditoría, presentada el 26 de junio de 2025, se centró específicamente en el renglón de perforadoras de pozos, culminando en una denuncia penal el 1 de julio de 2026.
Otro expediente crucial involucra a FCC Construcción, S.A., cuya revisión, fechada el 18 de septiembre de 2025, examinó presuntos esquemas de exoneración del impuesto sobre la renta. La denuncia penal contra esta empresa fue formalizada el 2 de julio de 2026.
Exfuncionarios de Alto Perfil Bajo la Lupa
Las auditorías patrimoniales y de gestión también han alcanzado a exfuncionarios de administraciones pasadas, destacando la determinación de la Contraloría por esclarecer responsabilidades individuales.
- Noriel Arauz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP): Informe presentado el 9 de abril de 2026, con denuncia penal el 30 de junio de 2026.
- Publio De Gracia Tejada, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI): Su auditoría, presentada el 25 de mayo de 2026 y denunciada el 2 de julio de 2026, revisó sus actuaciones en el cargo, especialmente en relación con el proceso tributario de FCC Construcción, S.A. El Tribunal de Cuentas ha ordenado el secuestro de bienes de De Gracia hasta por $16.3 millones, una medida que el exfuncionario ha rechazado públicamente.
- Nadia Del Río Fernández, exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia: Informe del 29 de junio de 2026, con denuncia penal el 2 de julio de 2026.
- Maritza Ureña González, exsubdirectora de la DGI: Su informe, también del 29 de junio de 2026 y denunciado el 2 de julio de 2026, reveló una disparidad significativa entre sus recursos conocidos y su movimiento financiero.
Gestión Comunal en Entredicho: Junta de Ponuga
La Junta Comunal de Ponuga también figura en la lista de denuncias. La auditoría, presentada el 19 de enero de 2026, se enfocó en el manejo, emisión y refrendo de cheques destinados a la compra de materiales de construcción. La denuncia penal fue interpuesta el 1 de julio de 2026.
Medidas Precautorias: Salvaguardando el Patrimonio Estatal
Paralelamente a las denuncias penales, la Contraloría ha activado medidas precautorias para asegurar posibles intereses del Estado mientras los procesos judiciales y administrativos avanzan. Estas acciones preventivas buscan proteger el patrimonio público ante potenciales desfalcos o irregularidades.
Detalles de los Secuestros de Bienes
- Para Noriel Arauz (ex-AMP), las medidas precautorias sobre bienes ascienden a $1.3 millones, tras una auditoría patrimonial.
- En el caso de Nadia Del Río Fernández (ex-Ministerio de la Presidencia), la Contraloría decretó medidas hasta por $576,474.65. La exfuncionaria ha manifestado su intención de atender el proceso legalmente y ha acudido a la Corte para contrarrestar la decisión.
- Contra Maritza Ureña González (exsubdirectora de la DGI), se ordenaron medidas sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos y otros activos por un total de $432,152.83. La Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense identificó una diferencia de este monto entre los recursos conocidos y el movimiento financiero observado, ascendiendo a un total de $1,009,143.83 en recursos utilizados frente a $576,991 de fuentes identificadas. La resolución incluye el secuestro preventivo de un apartamento, cuentas corrientes y de ahorro, depósitos a plazo fijo, valores, tarjetas de crédito y otros productos financieros donde la exfuncionaria figure como titular o firmante.
Estas acciones combinadas de denuncia y secuestro preventivo reflejan la firme postura de la Contraloría General de la República en su misión de combate contra la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos.
DnG