Gasolina Desestabilizada: La Investigación Parlamentaria que Desnudó Fallas Críticas en el Control Estatal
El escenario era alarmante: motores comenzaban a fallar tras consumir gasolina que ya había transitado toda la compleja cadena de comercialización, desde su importación y almacenamiento hasta su distribución final. La pregunta, urgente y resonante, desencadenó una profunda investigación parlamentaria: ¿Cómo un combustible desestabilizado logró burlar los controles del Estado y alcanzar los surtidores, afectando a miles de vehículos?
La Cámara de Diputados conformó una comisión especial que, durante cuatro intensos meses, revisó meticulosamente 1.962 fojas de documentación, convocó a autoridades clave y reconstruyó el intrincado recorrido del carburante. Su informe final no solo identifica presuntas fallas en la cadena de control, sino que recomienda la remisión de los antecedentes a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público para profundizar en las investigaciones y establecer responsabilidades.
Alertas Ignoradas: La Verdadera Cronología de las Deficiencias en el Combustible
Uno de los hallazgos más reveladores de la comisión rompe la cronología oficial del caso. La Asociación de Surtidores (Asosur) testificó que las advertencias sobre la calidad de los combustibles no surgieron con los motores dañados, sino que datan de 2022. Desde entonces, el sector alertó al entonces Ministerio de Hidrocarburos sobre serias deficiencias en los sistemas de control de calidad. Sin embargo, estas cruciales alertas no derivaron en correctivos efectivos, permitiendo que el problema se agravara silenciosamente.
Con estos antecedentes, la investigación se centró en el sistema diseñado para evitar la comercialización de combustibles que no cumplieran con las especificaciones técnicas. La viceministra Tatiana Genuzio explicó que el Decreto Supremo 4718 establecía controles obligatorios en cada eslabón de la cadena de comercialización, asignando a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la responsabilidad de realizar análisis técnicos específicos. No obstante, la Fiscalía sostiene, como conclusión preliminar, que la llegada al mercado de la gasolina desestabilizada se debió a una «ausencia total de controles de calidad». El informe atribuye a YPFB presuntas omisiones en la recepción, almacenamiento y comercialización del combustible, así como el incumplimiento de parámetros contractuales, del D.S. 4718 y de la normativa vigente.
La comisión fue aún más allá al señalar que gran parte de los controles se limitaron a «verificaciones documentales y visuales» —el denominado control «a ojo»— sin la ejecución de análisis de laboratorio para parámetros críticos y obligatorios como el contenido de manganeso y goma. A esta deficiencia se suma la falta de especialidad técnica del personal encargado de estas delicadas tareas, un factor que comprometió gravemente la supervisión de la calidad del combustible.
La ANH Bajo Escrutinio: Retrasos y Ausencia de Infraestructura
La investigación también puso bajo la lupa a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El informe revela que la entidad demoró más de tres años en reglamentar el esencial Decreto Supremo 4718. Además, no implementó la infraestructura de laboratorios prevista por dicha norma y, lo que es más grave, emitió autorizaciones excepcionales de importación sin exigir la totalidad de la documentación técnica necesaria para garantizar la calidad del combustible. Para la comisión, estas graves fallas son la explicación fundamental de cómo la gasolina desestabilizada consiguió sortear los controles y llegar directamente a los surtidores de todo el país.
Informe Apunta a Botrading: ¿Sobreprecio en la Importación de Combustibles?
Otro capítulo crucial del informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados se enfoca en el costo de las importaciones de combustibles. Los legisladores concluyen que la empresa Botrading incorporó una intermediación que, presuntamente, habría inflado el precio pagado por YPFB en la adquisición de carburantes.
Según el documento, las operaciones realizadas a través de Botrading registraron premios o diferenciales comerciales significativamente superiores a los observados en transacciones comparables en otros países de la región. Para la comisión, esta marcada diferencia constituye uno de los principales indicios de un presunto sobreprecio que deberá ser rigurosamente investigado por las instancias competentes. El informe subraya que estos mayores costos fueron finalmente asumidos por la empresa estatal YPFB, impactando sus finanzas.
Finalmente, el capítulo también incorpora antecedentes sobre la gestión del entonces presidente de YPFB, Armin Dorgathen, dentro del marco de las investigaciones relacionadas con Botrading. No obstante, la comisión enfatiza que será responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y de la justicia establecer si existieron responsabilidades penales o administrativas en este complejo entramado.
DnG