Bolivia al Rojo Vivo: Nueva Temporada de Incendios y el Impacto de Leyes Cuestionadas
Bolivia ha ingresado nuevamente a una temporada crítica de incendios, con miles de hectáreas ya convertidas en cenizas. Alarmantemente, ninguna de las normas señaladas por organizaciones ambientales como parte de las denominadas “leyes incendiarias” ha sido eliminada. Este escenario se ve agravado por fuertes vientos, una crítica escasez de agua y significativas dificultades para garantizar combustible a las brigadas de emergencia.
El Fuego Devasta el Territorio: Tarija y Santa Cruz en Alerta Máxima
Los reportes parciales son desalentadores. Solo en Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha reportado aproximadamente 5.000 hectáreas afectadas por incendios en diversas comunidades. La Gobernación ha declarado emergencia departamental ante el avance del fuego en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado, mientras la Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para establecer responsabilidades.
En Santa Cruz, el incendio de mayor magnitud se localiza en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde las llamas han afectado cerca de 2.538 hectáreas. También se han registrado focos en Pailón, Porongo y San Matías. En total, solo entre Tarija y Otuquis, los reportes iniciales dan cuenta de más de 7.500 hectáreas consumidas por el fuego, y esto cuando el periodo de mayor riesgo, que usualmente se extiende de julio a octubre, apenas comienza. Esta semana también hubo reportes de fuego en Liriuni, un área protegida cercana al Parque Nacional Tunari, y La Paz amaneció bajo densas humaredas.
«Leyes Incendiarias»: Un Obstáculo Persistente para la Prevención de Desastres
En este preocupante escenario, la diputada Cecilia Requena (Unidad) ha revelado que ninguno de los intentos para abrogar las normas cuestionadas logró completar su trámite legislativo. «Ni una sola ley incendiaria fue abrogada. Todas se han trancado en Diputados», afirmó. Explicó que algunas propuestas, aunque aprobadas por el Senado en legislaturas anteriores, quedaron detenidas en la comisión correspondiente de la Cámara Baja y nunca llegaron al pleno.
La Ineficaz Ley 1171 de Quemas: Sanciones Bajas y Resistencia en el Legislativo
Una de las normativas clave es la Ley 1171, de Uso y Manejo Racional de Quemas, promulgada en 2019. Esta ley regula las quemas planificadas y establece sanciones administrativas por quemas no autorizadas. El comité presidido por Requena emitió un informe favorable para su abrogación, pero la iniciativa encontró nuevamente resistencia entre legisladores vinculados o sensibles a las demandas de los sectores productivos.
La diputada cuestionó duramente la efectividad de las multas. Según explicó, las sanciones son tan bajas que algunos infractores prefieren asumirlas como parte del costo de habilitar terrenos. A esto se suma que muchas de estas multas ni siquiera llegan a cobrarse. «El problema cuando las sanciones no son suficientes es que la gente hasta prefiere pagar», señaló, admitiendo que no existen registros de pagos significativos por los daños provocados.
Ley 741 de Desmonte: Vía Libre para la Expansión Agrícola sin Control Integral
Otra norma pendiente de revisión es la Ley 741, aprobada en 2015. Esta legislación autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, tierras comunitarias y asentamientos legalmente establecidos. La autorización puede tramitarse de manera simplificada y sin la necesidad de presentar planes de ordenamiento predial o de gestión integral de bosques y tierras. Aunque el Senado aprobó su abrogación en septiembre de 2024, el proyecto no concluyó su recorrido legislativo y la ley continúa plenamente vigente, facilitando prácticas que incrementan el riesgo de incendios.
Hacia un Futuro Sostenible: La Necesidad Urgente de una Nueva Ley de Bosques
Para Requena, la simple eliminación de estas disposiciones no será suficiente si el país no aprueba una nueva Ley de Bosques que evite vacíos legales e incorpore incentivos para producir sin fuego. Su propuesta plantea combinar sanciones más severas con apoyo a la agroforestería, la ganadería sostenible y la agricultura regenerativa. Estas prácticas no solo recuperan suelos, conservan humedad y reducen el riesgo de incendios, sino que también garantizan la continuidad de la actividad agrícola o ganadera.
La legisladora sostuvo que el problema de fondo reside en una política pública que todavía favorece la ampliación de la frontera agropecuaria mediante el chaqueo y la quema. Frente a este modelo, destacó experiencias productivas que recuperan suelos, conservan humedad y reducen el riesgo de incendios sin renunciar a la producción. La alerta adquiere mayor dimensión al recordar el antecedente de 2024, cuando Bolivia registró su peor desastre por incendios, con 12,6 millones de hectáreas quemadas, de las cuales el 68% correspondió a Santa Cruz, según una investigación de Fundación Tierra.
Requena advirtió que las condiciones serán cada vez más difíciles debido a las sequías, los fuertes vientos y los efectos del cambio climático. Por ello, insistió en que la respuesta no puede limitarse a movilizar bomberos cuando las llamas ya están fuera de control. La prevención, dijo, requiere información, vigilancia comunitaria, coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno y un cambio fundamental en la forma de habilitar tierras. Mientras este debate crucial permanece estancado en el Legislativo, el fuego ya ha comenzado a avanzar nuevamente sobre bosques, áreas protegidas y comunidades bolivianas.
DnG