Cancillería de Bolivia Inicia Proceso contra 133 Exfuncionarios por Pasaportes Diplomáticos No Devueltos
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha puesto en marcha un riguroso proceso administrativo que busca la rendición de cuentas de 133 exfuncionarios públicos. La acción se debe al presunto incumplimiento de la obligación de devolver pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio una vez concluidas sus respectivas funciones. Este procedimiento subraya el compromiso del Estado boliviano con la transparencia y el correcto manejo de sus documentos oficiales.
Exministros y Diplomáticos de Tres Gobiernos Bajo Escudriño
La medida de la Cancillería boliviana abarca a exministros, exdiplomáticos y otros exservidores públicos que ejercieron sus cargos durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019), Jeanine Áñez (2019-2020) y Luis Arce (2020-2025). La documentación oficial revela que estos individuos no restituyeron los importantes documentos dentro del plazo legal establecido por la normativa vigente sobre pasaportes.
Entre los nombres más destacados en la lista difundida por diversos medios locales, se encuentran los excancilleres Fernando Huanacuni y Diego Pary. También figuran figuras como Sacha Llorenti, exministro de Gobierno y exrepresentante permanente de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Pablo Canedo, ex encargado de Negocios en Estados Unidos; Mohammed Mostajo, exembajador “para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”; y Mario Cronembold, actual alcalde del municipio de Warnes, entre otros exfuncionarios públicos.
El Singular Caso del Excanciller Diego Pary y los Pasaportes Familiares
Un aspecto que ha generado particular atención es el caso del excanciller Diego Pary. La nómina muestra que el exfuncionario recibió un total de nueve documentos oficiales, no solo para su uso personal, sino también para su esposa e hijos, y, hasta la fecha, ninguno de estos pasaportes ha sido devuelto al Estado boliviano. Esta situación pone de manifiesto una posible extensión del incumplimiento a esferas familiares que se beneficiaron de las prerrogativas diplomáticas.
Normativa y Consecuencias: La Propiedad del Estado sobre los Pasaportes
Los antecedentes del caso revelan que la Unidad de Privilegios e Inmunidades de la Cancillería fue la encargada de identificar los pasaportes sin devolver y de remitir el informe que dio inicio a este proceso para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Es fundamental recordar que, según la normativa boliviana, los pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio son propiedad inalienable del Estado. Por ello, su restitución es obligatoria e imperativa al finalizar la misión o el cargo que justificó su emisión. Como parte de este procedimiento legal, se ha concedido a los involucrados un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos y cualquier documentación que consideren pertinente para su defensa.
El Impulso Tras un Escándalo de Uso Ilícito: Laura Rojas y las Maletas
Este proceso de fiscalización y control de pasaportes oficiales cobra especial relevancia tras una serie de debates y detecciones de irregularidades en su uso durante los últimos meses. Un caso emblemático que encendió las alarmas fue el protagonizado por la exdiputada suplente Laura Rojas. En enero pasado, se conoció que Rojas había utilizado un pasaporte oficial meses atrás para ingresar al país en un vuelo privado procedente de Miami con un sorprendente total de 32 maletas.
La investigación preliminar sugirió que la exfuncionaria se valió del documento diplomático para eludir los controles aduaneros habituales y facilitar el ingreso de su voluminoso equipaje. Las maletas permanecieron un día en un depósito del Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz, antes de ser recogidas por Rojas y una empresa de seguridad implicada en el desembarco del equipaje. Versiones extraoficiales de la prensa local vincularon el contenido de las maletas con millones de dólares y una posible conexión con un juez, quien posteriormente fue aprehendido en el marco de este escándalo de corrupción.
A raíz de este incidente, la Fiscalía ordenó la detención preventiva de Rojas y amplió la investigación para desarticular una presunta red que habría facilitado el operativo. En respuesta, la Cancillería boliviana anunció acciones penales contundentes contra la exdiputada por el presunto uso ilícito del pasaporte diplomático y reforzó los mecanismos de control para identificar a todos los funcionarios públicos que cesaron funciones sin cumplir con la devolución de estos documentos vitales.
Obligación Legal: Plazos para la Devolución de Documentos Oficiales
La normativa boliviana es clara y específica: los documentos diplomáticos y oficiales son otorgados a un amplio espectro de funcionarios, que va desde el presidente del Estado hasta vocales electorales regionales. Los titulares de estos documentos poseen un plazo perentorio de dos meses a partir del cese de sus funciones para remitir “obligatoriamente” al Estado el pasaporte que les fue asignado. El actual proceso administrativo busca asegurar el cumplimiento de esta disposición y mantener la integridad del sistema diplomático boliviano.
DnG