Bolivia se encuentra al borde del abismo tras 37 días de intensas protestas. En La Paz, la población enfrenta desesperación, rabia y hasta hambre, agotada por las interminables filas para adquirir combustible o alimentos a precios desorbitados. Cochabamba, la cuarta ciudad más poblada del país, experimenta un creciente pánico ante los primeros signos de desabastecimiento. En Santa Cruz, un intento de desbloquear una carretera este sábado derivó en el enfrentamiento más violento hasta la fecha entre manifestantes y fuerzas de seguridad, apoyadas por vecinos. El saldo fue de al menos 19 heridos, incluyendo seis policías, uno de ellos de gravedad, según reportes oficiales. Ante el fracaso del diálogo convocado por el presidente Rodrigo Paz, el Gobierno avanza hacia la declaración del estado de excepción. La gran preocupación es la repetición de la historia boliviana, donde la intervención militar podría desatar un nuevo baño de sangre.
El Senado boliviano aprobó el jueves la normativa que otorga un marco legal al estado de excepción, facultando al Gobierno a suspender ciertos derechos para restablecer el orden. La Cámara de Diputados se disponía a convertirla en ley la noche de este sábado. Una vez con esa herramienta legal, el Ejecutivo solo necesitará publicar un decreto y que la Asamblea Legislativa lo ratifique en un plazo de 72 horas.
«Lo que menos deseamos en este momento es violencia», enfatiza una fuente gubernamental. El círculo cercano a Paz admite que la expansión del conflicto y la reticencia a autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas han mermado su capital político, a menos de siete meses de haber asumido la presidencia.
Polarización Extrema: La Grieta Política en Bolivia
La crisis, paradójicamente, ha fortalecido a los extremos políticos. Las fuerzas conservadoras, representadas por Jorge Tuto Quiroga en las últimas elecciones, esperan que el desgaste de Paz allane el camino a un presidente de «mano dura», similar a los líderes actuales en Argentina (Javier Milei) y Chile (José Antonio Kast). Por otro lado, el expresidente Evo Morales (2006-2019), oculto en su bastión del Chapare para eludir una orden de captura, también vislumbra un posible fortalecimiento. «Conociendo a mis hermanos del altiplano boliviano, si se levantan, es imposible que pierdan. Si hay un muerto, hay más reacción, no se asustan, es una rebeldía», declaró Morales a EL PAÍS.
La filósofa y activista María Galindo discrepa: “En ese caso, debería ser el primero en estar dispuesto a morir. Evo Morales no quiere morir por esto, quiere que otros mueran por él”. Galindo articula un sentimiento compartido por muchos que inicialmente apoyaron al expresidente indígena, pero ahora critican su intento de capitalizar protestas que no inició ni lidera: “A Evo Morales lo único que le importa es su pellejo”.
Galindo se muestra aún más crítica con un Gobierno al que ve como un freno ante el avance de las ultraderechas en el continente, pero al que acusa de “actuar con un cálculo muy cruel y maquiavélico” al apostar por el desgaste social “para que el estado de excepción tenga apoyo”.
Campesinos, mineros, maestros y vecinos que hoy exigen la renuncia de Paz lo votaron en octubre de 2025. Al levantarse contra el presidente, canalizaron un descontento social generalizado entre la población indígena: la percepción de haber sido engañados por un mandatario que los excluyó del Gobierno y promulgó leyes contrarias a sus intereses.
El Mandato de Rodrigo Paz hasta 2030 y el Descontento Creciente
Para el analista Diego Ayo, la gestión de Paz ha sido «de una torpeza enorme», y sus múltiples errores políticos han avivado las movilizaciones. No obstante, advierte que «no se pueden justificar los bloqueos» ni se debe olvidar que quienes paralizan gran parte de Bolivia son una minoría. «Paz hizo un conjunto de promesas y no cumplió ni una. Ha dado un giro, no ha respondido a los electores que votaron por él, sino a la clase media y alta. Eso es una cosa, y otra es no respetar los tiempos electorales», critica. El mandato de Paz se extiende hasta 2030.
La empatía inicial de parte de los bolivianos con los manifestantes ha disminuido a medida que sus acciones han afectado a miles de hogares, especialmente a los más vulnerables que viven al día. El miércoles, más de mil personas formaban fila frente a un camión de la alcaldía de La Paz para recibir un pollo. Solo en mayo, la inflación en la capital boliviana superó el 5%. «Ya no puedo más. Trabajo tres días y tengo que parar otros tres porque no hay gasolina», lamenta Wilfredo Villamil, taxista. Él y su hermano se turnan en las filas de las gasolineras y para atender un pequeño negocio cuyas ventas han caído a la mitad. «Que renuncie o que lo solucionen como sea», expresa con desesperación.
La polarización es patente incluso en El Alto, la combativa ciudad fundada por inmigrantes rurales a 4.000 metros de altitud, protagonista en 2003 de la rebelión contra Gonzalo Sánchez de Lozada, la «Guerra del Gas». Como entonces, las comunidades aimaras del altiplano lideran las protestas. Su resistencia y organización están vinculadas a los ciclos agrícolas: en mayo, cuando se levantaron contra Paz, acababan de cosechar. Cerca del mediodía, en los puntos de bloqueo, cientos de manifestantes se sientan en círculo para compartir un apthapi, un almuerzo colectivo donde cada uno aporta lo que tiene.
Johny Sosa, albañil y comerciante de 62 años, se dedicaba a la producción de verduras antes de migrar a El Alto hace 35 años. «Sin luchar seguiríamos siendo miserables», dice Sosa con orgullo, señalando a su alrededor para recordar que, a su llegada, las casas eran de adobe y paja, sin luz, alcantarillado, gas, calles pavimentadas ni teleférico. Y menos aún los cholets de la nueva burguesía aimara, edificios de cinco o seis pisos con fachadas decoradas en amarillo, rojo chillón, azul eléctrico y verde flúor, que buscan destacar en un mar de ladrillos vistos.
Las nuevas generaciones, especialmente aquellas desvinculadas del campo o las minas de donde emigraron sus ancestros, se oponen a los bloqueos y a los manifestantes que los obligan a cerrar sus negocios. «Cuando vienen las marchas tenemos que cerrar. Nos dicen que o cerramos o saquean», denuncia Teresa Martínez, dueña de una zapatería en un centro comercial de El Alto. Sus empleados, añade, deben caminar hora y media para llegar a la tienda y las ventas son mínimas: «Nadie piensa en comprar unos zapatos cuando no encuentra pollo ni verduras».
El creciente rechazo social contribuyó a una tregua el jueves, día de la concurrida feria 16 de julio, una de las más grandes de Sudamérica. Tras semanas a medio gas, ese día reaparecieron los kilómetros de puestos vendiendo todo lo imaginable, incluso, en una ocasión, un pingüino.
Dirigentes Detenidos: Represión y Miedo en Bolivia
La tregua también sirvió como oportunidad para el repliegue ante la escalada inminente. El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz fue detenido el viernes y enviado a prisión preventiva, acusado de terrorismo, asociación delictiva e instigación pública a delinquir. Otros dirigentes se ocultaron por temor a ser los próximos.
En Cochabamba, en el centro del país, predomina el pánico ante lo que podría venir más que un desabastecimiento asfixiante. A pesar de ser, después de La Paz, el departamento con más carreteras bloqueadas, la fertilidad de sus valles le permite autoabastecerse. A diferencia de los grises mercados de la sede de Gobierno, el Mercado Municipal América rebosa de colorido con frutas y verduras. Sin embargo, los precios se han quintuplicado en productos como el plátano y la naranja. Los estantes más vacíos son los de carne, ya que el ganado llega del oriente, de Santa Cruz y Beni, regiones con vías aún cortadas.
Mónica Inturrias se apresura a comprar el último escaso producto que le queda a una carnicera, llevándose los siete kilos restantes. “Estoy comprando todo lo que tengo, no sé cuándo volverá a haber carne”, comenta. “Los vendedores se aprovechan de la situación”, añade de pasada otro comprador en el concurrido mercado en un día feriado. El mismo temor a la escasez afecta a los conductores: aunque el abastecimiento de combustible es normal, las estaciones de servicio se llenan de filas cuando los movilizados ratifican sus medidas de presión o cuando se difunde una noticia preocupante en televisión.
Conocida como “el granero de Bolivia”, Cochabamba utiliza su estratégica ubicación central para abastecer al occidente अंधino del país. El cierre de caminos ha impedido la salida de alimentos al mercado, pudriéndose frutas y verduras en camionetas varadas en la carretera durante semanas, y provocando la muerte de pollos por hambre. Los lecheros se han visto forzados a vender sus productos en los barrios, y los avicultores rematan el maple de huevos hasta con un 60% de descuento sobre su precio regular.
Financiación de las Protestas: ¿Quién está Detrás de los Bloqueos en Bolivia?
Desde Santa Cruz, la crisis política se percibe como algo distante. Muchos de sus habitantes se distinguen con orgullo de los paceños, repitiendo, con expresiones similares, que “Santa Cruz siempre trabaja, nunca para”. Los prejuicios hacia los habitantes del occidente andino se han intensificado en las últimas semanas. Pocos dudan de que, para mantener los bloqueos por más de un mes, quienes cortan las carreteras reciben pagos. Algunos creen que son financiados por Evo Morales; otros por narcotraficantes, contrabandistas, extranjeros que buscan subvertir el orden, o por una combinación de todos ellos.
Las familias con parientes en La Paz acuden al aeropuerto para despachar grandes cajas cargadas de alimentos. En cada viaje, anhelan que sea el último, que el presidente ordene al Ejército desbloquear las carreteras. Con ellos coinciden los empresarios de esta provincia ganadera, que concentra más del 60% de la producción nacional de carne, leche, huevos y pollo. El corte de carreteras impide que los camiones lleguen al resto del país, generando pérdidas millonarias.
Según la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas han fallecido al no recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos, y otras tres han muerto en episodios de violencia. A lo largo de las cinco semanas de conflicto, 37 personas han resultado heridas y 365 han sido arrestadas. La tensión en estas horas es máxima.
DnG