Perú en la Cuerda Floja: La Definición Presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Una semana después de que los ciudadanos peruanos ejercieran su derecho al voto para elegir al que sería el noveno presidente en una década, el ambiente político en las calles de Perú se percibe al borde de la ebullición. Keiko Fujimori, la figura de derecha e hija del expresidente condenado por delitos de lesa humanidad, ha logrado una impresionante remontada en la fase final del escrutinio, estirando su ventaja voto a voto sobre su contendiente, Roberto Sánchez, de la izquierda. Al cierre de este viernes, con un 98,32% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori superaba a Sánchez por apenas 4.310 votos. Este margen, ínfimo en cualquier otra latitud, es característico en Perú, donde las dos elecciones presidenciales anteriores se decidieron por diferencias mínimas.
Impugnaciones y el Costo de la Defensa del Voto en Perú
En este clima de profunda incertidumbre electoral, el partido Juntos por el Perú presentó recursos de nulidad para un total de 2.400 mesas de sufragio. Curiosamente, estas mesas son precisamente aquellas donde Keiko Fujimori obtuvo una mayor votación. De estas, 1.751 corresponden al territorio nacional y 649 al extranjero, concentrándose principalmente en Estados Unidos, país donde la candidata de Fuerza Popular logró un contundente 76,55% de los sufragios. Para los seguidores de Sánchez, estas impugnaciones representaban una esperanza tangible de revertir el resultado provisional.
Sin embargo, este viernes se encontraron con un obstáculo insalvable. El Jurado Electoral Especial (JEE), el organismo competente para resolver estas controversias electorales, declaró improcedentes ambas solicitudes. El problema no radicaba en el fondo de las denuncias, sino en un requisito esencial y no cumplido: los recursos no estaban acompañados del comprobante de pago de la tasa electoral. La normativa peruana exige el desembolso de 1.337 soles —equivalentes a unos 393 dólares— por cada mesa que se pretende anular. La impugnación de las 2.400 mesas implicaría reunir una suma superior a los tres millones de soles, es decir, alrededor de 925.000 dólares, una cifra astronómica para un partido político.
Estrategia Política vs. Realidad Jurídica: La Colecta de Roberto Sánchez
Desde la sede de su partido en el Cercado de Lima, Roberto Sánchez hizo un llamado a la colecta pública para reunir los fondos necesarios. “Estamos llevando a cabo una actividad solidaria para autofinanciar, con la generosa solidaridad de nuestro pueblo, el pago de las tasas electorales. La declaración de improcedencia se debe a la no adjunción de este pago, una suma realmente impresionante. Todos podemos colaborar con uno, dos o tres soles”, declaró el candidato. Poco después, las redes sociales oficiales de Juntos por el Perú difundieron un cartel que encapsulaba el sentimiento del momento: “¡Solidaridad para la defensa del voto popular!”. El mensaje incluía dos cuentas bancarias autorizadas y un llamado claro: “Con tu solidaridad lograremos pagar los gastos para la defensa de nuestra victoria popular ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”.
No obstante, el problema para Juntos por el Perú parece trascender la mera cuestión financiera. El reglamento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es explícito: el plazo perentorio para presentar los pedidos de nulidad venció la noche del miércoles, tres días hábiles después de la elección. Además, es categórico respecto al pago de la tasa: no contempla prórrogas ni subsanaciones posteriores. La norma es clara al establecer que “En caso de que no se presente el comprobante original del pago de la tasa con el pedido de nulidad, el Jurado Electoral Especial declara su improcedencia”. Este fue precisamente el escenario.
José Villalobos, un reconocido abogado especializado en derecho electoral, clarifica la situación con sencillez: “El pago tiene que presentarse al mismo tiempo que la solicitud. Si no, el trámite simplemente no existe. Por eso el Jurado Electoral Especial declaró improcedentes los pedidos de nulidad”. Aunque Juntos por el Perú podría, en teoría, presentar una apelación, Villalobos se muestra escéptico. “Puede apelar, sí, ¿pero sobre qué base? Si no cumplió con un requisito indispensable como el pago, no hay mucho que discutir”, argumenta. Entonces, ¿por qué Roberto Sánchez ha lanzado una colecta pública si, desde la perspectiva jurídica, la omisión ya no puede subsanarse? “Una cosa es el discurso legal y otra el discurso político. Imagino que seguirán presentando pedidos, aunque estén fuera de plazo, para sostener la narrativa de que el Jurado Nacional de Elecciones todavía tiene algo pendiente por resolver”, señala el experto. El asunto, concluye, es inobjetable: “Lo concreto es que el plazo para solicitar la nulidad ya venció. Los recursos se presentaron sin el pago correspondiente y por eso fueron declarados improcedentes. Desde el punto de vista legal, ese capítulo ya está cerrado”.
Clamor Popular en las Calles: La Marcha Nacional de Partidarios de Sánchez
En medio de este revés judicial, los simpatizantes de Roberto Sánchez y diversos colectivos ciudadanos han convocado a una marcha nacional para la tarde de este sábado. El cartel que circula masivamente en redes sociales sintetiza el sentimiento de sus bases con una contundente frase: “En Perú no ganó Keiko”, aludiendo al hecho de que Sánchez mantiene la ventaja en el escrutinio del territorio nacional, mientras Fujimori podría convertirse en la primera presidenta electa en alcanzar el poder sin imponerse dentro del país. Las consignas que resuenan son claras: “Keiko es impunidad y corrupción”, “El voto rural se respeta” y “Por la democracia, por el Perú, siempre de pie”. Los organizadores anticipan una gran afluencia de manifestantes provenientes de diversas regiones, con especial énfasis en la sierra sur, considerada el bastión electoral de Roberto Sánchez.
El Laberinto Electoral Peruano: Votos Observados y el Llamado al Reconteo
En medio de este volátil clima de tensión política, Roberto Sánchez, considerado el heredero político de Pedro Castillo, extendió un gesto de acercamiento a su adversaria. Le propuso públicamente una reunión urgente para buscar una salida conjunta a la crisis: solicitar un reconteo de los votos. Hasta el cierre de esta edición, Keiko Fujimori no había emitido una respuesta a esta propuesta. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció haber alcanzado el 100% de las actas procesadas, es decir, todas aquellas que lograron ser ingresadas en los centros de cómputo habilitados. Sin embargo, miembros de la institución aclararon que este hito no significa el fin de la incertidumbre electoral. Todavía queda por resolverse el pedido de Fuerza Popular para anular más de 7.000 votos rurales en Puno, así como el destino de las 1.556 actas observadas, las cuales fueron remitidas al Jurado Electoral Especial y representan el 1,67% del total de actas.
Las actas observadas suelen contener errores materiales o formales, como problemas de legibilidad o ausencia de firmas, que pueden ser corregidos por las autoridades electorales. En contraste, las actas impugnadas incluyen votos que fueron cuestionados directamente por los delegados de los partidos durante la propia jornada electoral. Aunque sobre el papel son procedimientos distintos, en la práctica, ambas categorías forman parte de una misma zona gris que, muy probablemente, será fuente de nuevas controversias. Ambos bandos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, continúan disputando ferozmente la elección tanto en los tribunales como en las calles, mientras la nación peruana sigue inmersa en una tensa espera por la definición de su futuro político.
DnG