Escándalo del Juego Clandestino en Santa Fe: Batalla Legal en Múltiples Frentes
La compleja causa que investiga la explotación del juego clandestino en la provincia de Santa Fe entra esta semana en una nueva fase crucial. Una audiencia programada citará a abogados, un empresario y un exdiputado provincial, reavivando una disputa judicial que se libra simultáneamente en tres instancias. Por un lado, la Cámara de Apelaciones sigue deliberando sobre las condenas de Patricio Serjal y Nelson Ugolini. Por otro, el senador Armando Traferri ha presentado una solicitud de nulidad de la sentencia, argumentando haber sido juzgado y condenado sin la posibilidad de una defensa adecuada. Este entramado de apelaciones y pedidos de nulidad configura un escenario jurídico de alta tensión y expectación.
Nuevas Imputaciones y Lazos con la Concesión del Juego Online
Los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro tienen previsto imputar este jueves a los abogados Aníbal Porri, Alberto Tortajada, José Fernández Chemes y Fernando Moschini, al exdiputado provincial Marcelo Darío Scataglini y al empresario Oscar Larrauri. Los cargos incluyen asociación ilícita simple y tráfico de influencias, entre otras imputaciones. Un elemento común que une a estos seis individuos es su relación con Leonardo Peiti, el empresario que en su momento aspiraba a obtener la concesión del juego online en la provincia, sugiriendo conexiones profundas en la trama de la corrupción.
El Debate sobre la Existencia de la Organización y Denuncias de Irregularidades
La misma base de la organización delictiva, tal como fue presentada por la fiscalía, se encuentra bajo intenso debate a raíz de las apelaciones contra las condenas de Serjal y Ugolini y el pedido de nulidad de Traferri. A este panorama se suma una denuncia presentada por el abogado Víctor Corvalán ante Leandro Mai, auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Corvalán señala irregularidades como el ofrecimiento de la fiscalía para que Fernández Chemes se convierta en imputado colaborador y el extravío de teléfonos cruciales que fueron secuestrados y utilizados en la investigación.
La Controversia del «Imputado Colaborador» y Teléfonos Extraviados
Según Corvalán, el auditor ha iniciado una investigación contra los fiscales por estas anomalías. El abogado destaca que el ofrecimiento para que Fernández Chemes se acogiera a la figura del «arrepentido colaborador» fue realizado por correo electrónico, con un plazo de 72 horas para responder y una solicitud de confidencialidad. Corvalán argumenta que su cliente ha sostenido desde 2020 que su vínculo profesional con Peiti se limitaba a temas civiles, sin relación alguna con el juego clandestino. Además, critica que la iniciativa de colaboración debe emanar de la defensa y no ser «ofrecida como moneda de cambio» por el fiscal, especialmente a alguien que no ostenta la condición de imputado en la causa en cuestión.
Las irregularidades se extienden a la cadena de custodia de pruebas. Corvalán denuncia el extravío de dos teléfonos iPhone secuestrados en el domicilio de Fernández Chemes, y acusa a los fiscales de haber extraído y utilizado información sin notificación previa a la defensa. «Extrajeron información sin notificarnos, la usaron violando la cadena de custodia para imputar a Fernández Chemes y para condenar a Serjal y Ugolini», enfatiza el letrado, generando preocupación sobre la integridad del proceso judicial.
La Cámara de Apelaciones bajo Escrutinio: El Futuro de las Condenas
Gran parte de las expectativas del ámbito judicial se centran en la prolongada deliberación de los camaristas Javier Beltramone, Carolina Hernández e Ismael Manfrin respecto a las condenas de prisión de Patricio Serjal y Nelson Ugolini, apeladas por sus respectivas defensas. Fuentes cercanas al caso especulan que la demora en la resolución podría indicar una falta de acuerdo entre los jueces, y muchos consideran que una revisión de las penas es «justa por desproporcionadas y arbitrarias». Serjal, exfiscal regional de Rosario, fue condenado a 9 años de prisión, mientras que Ugolini, exempleado judicial, recibió 5 años, como organizador y miembro de la asociación ilícita, respectivamente.
La llegada de la sentencia a la Cámara de Apelaciones desencadenó un incidente adicional: los fiscales Caterina y Fabbro recusaron sin éxito al juez Beltramone, alegando una amistad con Fernando Moschini y fundamentando su petición con mensajes telefónicos y citas de la sentencia de noviembre pasado. Una eventual modificación de estas condenas podría alterar drásticamente el rumbo de toda la causa.
La Controversial Petición de Nulidad del Senador Armando Traferri
En paralelo a estos desarrollos, el senador provincial Armando Traferri ha solicitado la nulidad de la sentencia dictada por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese. Su argumentación es contundente: «se dictó como consecuencia de un juicio en el que no fui parte, aunque igualmente se me juzgó, atribuyéndome hechos delictivos que se abastecieron con prueba de cargo que no controlé, es decir, sin que pudiera defenderme y violando los más elementales derechos constitucionales».
Argumentos de Traferri: Juzgado sin Defensa y Violación de Derechos
Con el patrocinio de Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, el escrito de Traferri incluye un dictamen del exjuez Adolfo Alvarado Velloso y promueve una acción declarativa de certeza, buscando claridad ante la «situación de incertidumbre» generada por una sentencia que lo «juzgó y declaró culpable sin juicio». La demanda se dirige contra el Estado provincial, y en caso de que los jueces rechacen su planteo, Traferri ha solicitado que se impida trasladar «al proceso que eventualmente se me siga» las pruebas recolectadas en el juicio que culminó el 7 de noviembre.
Tras un periodo de suspenso desde principios de abril, la semana pasada se conformó el Tribunal —integrado por Paula Álvarez, Eleonora Verón y Alejandro Negroni— que examinará la petición de Traferri. En este contexto, surge la pregunta sobre si los jueces resolverán «lo que corresponde o pensarán en qué intereses saldrán afectados», una reflexión que resuena en los círculos legales. El senador también ha criticado las demoras en el proceso, señalando que Ugolini y Serjal estuvieron en condiciones de ser juzgados mucho antes de lo que realmente ocurrió.
Asimismo, Traferri ha vuelto a cuestionar los acuerdos del MPA con Peiti y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quienes revelaron parte del trasfondo de los hechos investigados. El senador argumenta que se utilizó una «figura procesal inexistente entonces en el ordenamiento procesal santafecino» para la colaboración de ambos con la causa. Los jueces que condenaron a Serjal y Ugolini «no solo avalaron la fragmentación de una misma causa con hechos inescindibles sino que fueron más allá: sin ser acusado —por ende, sin participación procesal— me incluyeron en su sentencia y me juzgaron en ausencia», destacó Traferri. El legislador resalta el «potencial perjuicio» y el «condicionamiento a los que estarán sometidos los jueces que eventualmente me juzguen», quienes se enfrentarían a la disyuntiva de condenarlo en los mismos términos o dictar una sentencia contradictoria, lo que a su juicio sería un «escándalo jurídico y solo daría lugar a otra sentencia nula».
El Impacto en el Proceso Judicial y las Expectativas del Jueves
El juego de fiscales, abogados y jueces se abrirá formalmente este jueves con la nueva audiencia, pero la partida decisiva, que podría redefinir todo el caso del juego clandestino, recae en las resoluciones que emita la Cámara de Apelaciones sobre las condenas y las consideraciones de la primera instancia. La comunidad jurídica y la opinión pública permanecen atentas a cada movimiento en esta intrincada saga judicial.
DnG
