A pesar de lograr la apertura del recinto, el oficialismo vio frustrados sus planes de aprobar en el Senado el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La clave de la resistencia fue el controvertido capítulo que habilita la venta de tierras a personas y capitales extranjeros.
La postergación, anunciada por Patricia Bullrich (LLA-Capital), jefa de la bancada oficialista, se dio luego de que fracasaran las gestiones para asegurar los votos necesarios para la extranjerización de tierras.
Esta propuesta, núcleo de la iniciativa, enfrenta una fuerte resistencia no solo del kirchnerismo y la izquierda, sino también de amplios sectores de la sociedad, como la Iglesia Católica.
«El punto tres (por el proyecto de propiedad privada) vamos a pedir un cuarto intermedio para el 6 de agosto», comunicó Bullrich en pleno recinto. Las negociaciones para que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aceptara nuevos cambios en el proyecto ya se encontraban estancadas.
Otras fuentes legislativas sugirieron que la ausencia de varios senadores aliados dejó los números muy ajustados, especialmente para aprobar el capítulo que busca eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, establecidas en 2011.
La legislación vigente limita la posesión extranjera a un 15% en los niveles nacional, provincial y departamental, con ninguna nacionalidad pudiendo poseer más del 30% del total habilitado.
La escasez de senadores quedó expuesta al inicio de la sesión, poco después de las 12:25, cuando se logró el quorum justo con 37 senadores. Estos fueron aportados por el oficialismo libertario (asistencia perfecta), la UCR (todos sus diez integrantes), Pro y una mayoría de fuerzas provinciales de Neuquén, Salta y Misiones.
La desprolijidad en el trámite legislativo del proyecto, que sufrió más de quince modificaciones desde la firma de su dictamen hace casi dos meses, también contribuyó a la postergación.
Un indicio adicional del tenso ambiente que rodea la iniciativa del Gobierno fue el furioso intercambio de mensajes privados entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Bullrich.
LLA y los Acuerdos Judiciales: La Controversial Confirmación del Juez Pesino
El temario de la sesión incluyó, además de la fallida ley de tierras, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Uno de los candidatos que obtuvo el acuerdo del Senado es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien ocupará el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
También superó el filtro del Senado, aunque con números ajustados, Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno. Javier Milei había solicitado a la Cámara alta la extensión de su magistratura por cinco años, ya que Pesino está próximo a cumplir los 75 años, edad jubilatoria.
Con la apertura del debate, el oficialismo logró que tomaran estado parlamentario los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, nominados como vocales de la Cámara Federal porteña en Comodoro Py, sede de expedientes sensibles para la Casa Rosada, como la causa $LIBRA.
Ley de Tierras y Desalojos: Claves del Proyecto Frustrado en el Senado
Esta es la tercera vez que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, forjado por Sturzenegger y enviado al Senado a fines de marzo, fracasa en su tratamiento. La iniciativa consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.
Su punto más conflictivo es la venta de tierras rurales. La última versión modificada del dictamen habilita la venta sin límites a personas extranjeras.
En el caso de empresas con participación de estados extranjeros en su capital, deberá obtenerse una autorización de la provincia y la Nación.
Este aspecto provocó cortocircuitos con Sturzenegger, quien se habría negado a aceptar que el texto explicitara la facultad de las provincias para reglamentar la norma mediante leyes provinciales.
El oficialismo defiende el proyecto, destacando que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. «Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio», sostienen.
En cuanto a los desalojos, la última versión difiere considerablemente de la original. El Gobierno debió resignar su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres.
El texto que llegó al recinto fija un plazo de diez días hábiles de notificación (el original establecía solo tres) para la devolución del bien, y añade protecciones a menores, personas con discapacidad y adultos mayores antes de dar curso a la ejecución del desalojo.
DnG
