El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha iniciado un movimiento crucial de cara a la audiencia preparatoria de juicio en el resonante caso Goleada: busca apartar del proceso al juez Jairo García. Entre sus argumentos principales, el burgomaestre señala las amenazas que el propio funcionario judicial denunció en febrero de 2026, en el contexto del caso Triple A, un precedente ligado a las acusaciones actuales.
A escasos días de la diligencia preparatoria, programada para el jueves 16 de julio de 2026, donde el fiscal Dennis Villavicencio presentará las pruebas para llevar a juicio a Aquiles Alvarez y a otras 16 personas naturales, además de ocho empresas, el alcalde formalizó su petición de recusación contra el magistrado. En su solicitud, Alvarez es categórico: “El demandado es el doctor Jairo García Mosquera, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, a quien se citará en su despacho”.
El juez García ha tenido una participación activa en dos expedientes judiciales directamente relacionados con el alcalde: el caso Triple A y el caso Goleada. Su implicación en el caso Triple A comenzó el 1 de octubre de 2024, cuando convocó a la audiencia de formulación de cargos a solicitud del entonces fiscal Carlos Alarcón, celebrándose dicha audiencia el 14 de diciembre de 2024.
En el caso Triple A, Aquiles Alvarez fue formalmente llamado a juicio por el delito de comercialización ilegal de combustibles en zonas fronterizas. Por otro lado, en el caso Goleada, la investigación se centra en el presunto delito de lavado de activos, con una Fiscalía que estima el perjuicio económico en la considerable cifra de USD 100 millones.
La Fiscalía detalla la naturaleza de ambos procesos:
- **Caso Triple A:** Se sostiene la existencia de una organización empresarial “dinámica, estructurada y sistemática” que operó entre 2021 y 2023, dedicada a la adquisición de combustible de origen cuestionado, su transferencia dentro de un circuito empresarial vinculado y su posterior comercialización a través de estaciones de servicio (gasolineras).
- **Caso Goleada:** La teoría fiscal apunta a que las ganancias obtenidas por la venta irregular de diésel fueron utilizadas por Aquiles Alvarez y su familia para adquirir decenas de propiedades, terrenos, bienes inmuebles y vehículos de alta gama. Estos activos se encuentran actualmente bajo orden de incautación, incluyendo la residencia donde viven la esposa y los hijos del alcalde.
Enemistad con el Juez: Los Fundamentos de la Recusación de Aquiles Alvarez
La defensa técnica del alcalde de Guayaquil presenta dos razones fundamentales para solicitar que el juez Jairo García se aparte del caso Goleada, un proceso que se inició con un allanamiento a la residencia de Aquiles Alvarez y otros investigados el 10 de febrero de 2026, y que culminó con la prisión preventiva del alcalde el 11 de febrero, manteniéndolo detenido en la cárcel del Encuentro desde esa fecha.
Conocimiento Previo de los Hechos en el Caso Goleada
- La defensa de Aquiles Alvarez argumenta que el caso Goleada se deriva directamente del caso Triple A. Dado que el magistrado Jairo García manejó el caso Triple A desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025, la defensa sostiene que el juez adquirió un “conocimiento previo” de la teoría de la Fiscalía sobre el delito de comercialización ilegal de combustible, que constituye la génesis del actual caso Goleada. Esta situación, afirman, compromete su imparcialidad.
“No se trata de hechos aislados ni autónomos, sino de un mismo núcleo fáctico (…). El juez recusado ya ha ejercido actividad jurisdiccional sobre dicha cuestión al haber conocido, analizado y valorado los mismos hechos en un proceso anterior”.
Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil
Enemistad Manifiesta con el Juez Jairo García
- Como segunda razón para la recusación, los abogados del alcalde apuntan a una “enemistad manifiesta” con el juez García. Como prueba contundente, citan la denuncia pública que el propio magistrado realizó en febrero de 2026, durante una audiencia de hábeas corpus, en la cual acusó directamente a Aquiles Alvarez de haberlo amenazado.
Según el relato del juez, la amenaza se habría producido cuando el alcalde expresó: “Estoy en indefensión, porque no conozco a nadie y bueno, le agradezco mucho, y al juez Jairo García le deseo suerte en la audiencia de formulación de cargos por alias ‘Gerente’ la próxima semana”. Tras este incidente, el juez García optó por excusarse de continuar con el caso Triple A, reconociendo implícitamente la tensión existente.
La defensa técnica del alcalde insiste en que el juez García no goza de una “posición de neutralidad originaria” y que su “conocimiento previo concreto y relevante” junto con la denuncia sobre la supuesta amenaza, “genera una afectación directa a la imparcialidad” que se espera de un juzgador en un proceso tan delicado como el caso Goleada.
Cruce de Escritos Judiciales: La Batalla por la Preparación de la Defensa
La compleja relación entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el juez del caso Goleada añadió un nuevo capítulo la semana pasada, marcado por un intercambio de escritos judiciales. Aquiles Alvarez solicitó a Jairo García que ordenara al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que permitiera el ingreso de sus abogados para preparar su defensa en la próxima audiencia preparatoria de juicio, fijando un horario de cuatro horas diarias a partir del lunes 6 de julio de 2026.
Es relevante señalar que el alcalde había presentado un pedido idéntico a la jueza Karen Alarcón, a cargo del caso Grillete, cuando ella lo convocó a su audiencia preparatoria de juicio. En esa ocasión, la magistrada sí accedió a la solicitud de Aquiles Alvarez y emitió una orden directa al SNAI para autorizar el acceso de sus defensores técnicos.
Sin embargo, en el caso Goleada, la respuesta del juez García fue diferente. Argumentó que “el régimen de visitas de las personas privadas de libertad constituye una facultad administrativa exclusiva del SNAI, entidad que tiene a su cargo la administración, organización y gestión de los centros penitenciarios”.
En consecuencia, García negó explícitamente el pedido del alcalde, declarando que “el suscrito no tiene competencia para disponer o autorizar ingresos a los centros de privación de libertad, ni tiene control sobre el tiempo de las visitas o entrevistas semanales”. No obstante, remitió la solicitud de Aquiles Alvarez al SNAI para que fuera esta entidad la que decidiera si acogerla o no. Hasta la fecha, no consta en el expediente del caso Goleada que el SNAI haya permitido el acceso de los abogados del alcalde a la Cárcel del Encuentro para facilitar su defensa.
DnG